Javier Orellana
AES anunció la incorporación de siete vehículos a su flota y la instalación de cargadores. El costo de los vehículos sigue siendo alto, pero una ley podría dar incentivos a los compradores.
La electromovilidad ha tomado impulso en El Salvador desde que un puñado de instituciones comenzaron a empujar el tema. El Gobierno y la Asamblea discuten una ley para promover la importación de vehículos eléctricos. Algunas empresas ya han comprado algunos modelos.
La empresa de distribución de energía DELSUR fue una de las primeras instituciones que comenzó a impulsar la electromovilidad con la importación de un vehículo eléctrico marca Nissan en 2018. Esto implicó, en aquel momento, una inversión de alrededor de $50,000, en parte por los impuestos.
Poco a poco el tema fue cobrando fuerza. Hace un año el Consejo de Ministros de la Integración Económica (COMIECO), reunido en San Salvador, aprobó una reducción del arancel para estos vehículos del 30 % a 0 %. Este acuerdo entró en vigor en enero pasado y aplicó para El Salvador y Honduras.
Después Grupo Q inició la comercialización del primer carro eléctrico en el país y en agosto de 2019 abrió la primera electrolinera o estación de carga para uso masivo, que está en Plaza Malta, Santa Elena.
El Grupo AES ha comprado siete vehículos eléctricos que incorporará a su flota de trabajo, seis furgonetas y un tipo sedán Hyundai Ioniq. Además, traerán al país 11 cargadores eléctricos, de los cuales cinco estarán en oficinas de diferentes partes del país y el resto en instalaciones de socios estratégicos, todos estarán disponibles para usuarios particulares.
Roberto Sandoval, director de AES Soluciones, explicó que aunque prevén que en la zona central del país pueda haber un crecimiento más de demanda de estaciones de carga, “hoy por hoy no va a ser negocio”. Más bien fomentar la tecnología en país.
A nivel corporativo, afirmó que la apuesta es renovar toda la flota liviana urbana: “Esta inversión se puede recuperar casi en el mismo año, el mantenimiento de los vehículos eléctricos tiende a cero”.
La compra de los vehículos incluyó un proceso de formación para el mantenimiento; sin embargo, Sandoval aclaró que este es mucho más simple que el de los vehículos de combustión. Además, tienen un período de vida más largo, pues la batería duraría unos siete años. Esta, después, puede cambiarse y el carro tiene otros siete años por delante.
Empero, Sandoval reconoce que el costo sigue siendo alto para los usuarios particulares. El vehículo tipo sedán que compraron, por ejemplo, costaría alredor de $11,000 menos en Costa Rica.
“En las zonas centro podría haber un poco de crecimiento más rápido; pero nosotros, como AES, vamos a ir instalando cargadores repartidos en occidente, oriente y centro para ir fomentando. Hoy por hoy no va a ser negocio, es para fomentar al país”.
Roberto Sandoval, director de AES Soluciones
“La tecnología puede tener el mismo costo por ser el mismo fabricante pero es el tema impositivo el que puede hacer la diferencia”, afirmó.
Legislación nacional
En febrero el Gobierno anunció que formaría un equipo para implementar una estrategia de electromovilidad, aunque sin detalle del contenido.
La Asamblea Legislativa ha discutido la creación de una “Ley de Fomento e Incentivos para la Importación y Uso de Medios de Transporte Eléctricos e Híbridos”, a finales de octubre esta recibió observaciones de la Presidencia de la República sobre temas regulatorios, por ejemplo al respecto de las estaciones de carga y el rol que jugarían algunas instituciones.
El objeto de la ley es fomentar, a través de incentivos fiscales y económicos, el uso de este tipo de vehículos en el país, tanto para el transporte de personas en el sector público como en el privado.
El experto en políticas energéticas, que también fungió como director ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), explicó que por el momento Panamá y Costa Rica son los que han hecho más avances en la región; sin embargo, destacó que el tema ya está en la agenda de los países.
“Hemos logrado grandes avances en materia de generación eléctrica renovable, pero necesitamos promover también, en principio, políticas y legislación nacional y reglamentos regionales que promuevan la incorporación de la electromovolidad en los diferentes ámbitos del sector transporte en cada país y en Centroamérica”, dijo Vargas.
Además de las facilidades para los usuarios particulares, Vargas enfatizó en las posibilidades que puede traer la electromovilidad en el transporte público, aunque pueda darse cierta resistencia en los países.
“Solo la factura petrolera en el sector de transporte público es altísima, pero cuando vas a ese tema del transporte público, te enfrentás a todos los intereses de los grupos de poder económico que están incorporados en ese tema”, manifestó.
Un estudio que publicó la consultora EY a inicios de año señala que la electromovilidad avanza a paso lento en Latinoamérica, y que el reto es lograr la paridad de precio y desempeño de los carros eléctricos con respecto a los vehículos tradicionales.
“necesitamos promover, en principio, políticas y legislación nacional y reglamentos regionales que promuevan la incorporación de la electromovilidad en los diferentes ámbitos del sector transporte”.
Werner Vargas, especialista en políticas energéticas
No obstante, la tecnología puede ser una respuesta al aumento de la contaminación que vendría de la mano con el crecimiento de las ciudades latinoamericanas a largo plazo. Para que esto sea viable, hay retos que enfrentar en cuanto a infraestructura.
“Un transporte más limpio es un buen indicio para la calidad de vida en algunas ciudades de América Latina, pero presentará una serie de desafíos para la red y la infraestructura de electricidad de la región”, de acuerdo con EY.
Medellín se ha convertido en un referente en Colombia para la introducción de vehículos eléctricos, posible por una política nacional, pero también con la implementación de medidas locales.
Desde 2016, cuando se implementa un plan, son 1,550 vehículos eléctricos enchufables, además hay 29 estaciones de carga en servicio, de acuerdo con datos del Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM), del que forma parte de la distribuidora DELSUR.
La estrategia incluyó reducir a cero el arancel para los vehículos eléctricos y a 5 % para los híbridos, con un techo de 52,800 unidades hasta 2027. Además, se implementó un plan para financiar el reemplazo de unidades en el sector público y una reforma para excluir estos carros del IVA.
A nivel municipal se implementó una estrategia de promoción y movilidad eléctrica y otras medidas para impulsar la tecnología en el sector de taxis, así como en el transporte público.
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